SUBERO ISA Y LUCIANO PICHARDO DEBEN RENUNCIAR A SUS FUNCIONES EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIONALIDAD

El grupo informativo SIN y la revista electrónica Acento.com.do han unido esfuerzos para analizar y poner a disposición del público en general, unos dos mil documentos que les fueron facilitados a los ejecutivos de SIN por el señor Julian Assange; en los referidos cables de Wikileaks hay revelaciones de corrupción que involucran a funcionarios actuales y ex funcionarios, políticos de la oposición, jueces y legisladores de la república.

El señor Hasbún, propietario de SIN, ha manifestado en una rueda de prensa, que los encargados de analizar los documentos serán los señores Bernardo Vega; René Fortunato; Juan Bolívar Díaz; Miguel Guerrero, Fausto Rosario; Marino Zapete; Edith Febles y Alicia Ortega. De su parte, la sociedad dominicana sólo espera que los referidos comunicadores tengan la decencia de realizar las funciones a que su profesión les obliga con dignidad, evitando convertirse en un instrumento más de iniquidad y traición. Este pueblo merece conocer la verdad, sin importar las consecuencias.

Los primeros cables filtrados en la noche de ayer, se refieren a la justicia y como los mismos son del dominio público, no voy a perder tiempo transcribiéndolos, aunque sí me voy a permitir expresar un par de consideraciones sobre lo leído:

De acuerdo con los cables de Wikileak revisados, entiendo que Jorge Subero Isa representa un peligro para la administración de justicia, la institucionalidad del Poder Judicial y la nación; por lo cual soy de opinión de que el mismo debe renunciar a sus funciones inmediatamente.

Lo que he dicho puede parecer descabellado para muchos; sin embargo, no olvidemos que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia es un funcionario con vocación de presidir el país en ausencia del presidente y el vicepresidente (ver Art. 126 de la Constitución de la República Dominicana), por lo cual resulta completamente inaceptable que haya ido a arrodillarse ante el embajador de los Estados Unidos en más de una oportunidad, sirviéndole de “informante”; además de que tal como indican los cables de Wikileaks, se confirma que el mismo nunca ha estado “dispuesto a enfrentar la corrupción en los más altos niveles del gobierno directamente;” lo que le inhabilita para ejercer sus funciones.

Si es cierto todo lo que supuestamente Subero Isa le informó al embajador Hertell sobre el Vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Luciano Pichardo, entonces éste último no tiene otra salida que la de renunciar a su posición, sin esperar recibir ningún beneficio por unas funciones ejercidas indignamente.

Si el señor Francisco Camps se vio precisado a renunciar a su posición de presidente de la Generalitat Valenciana en España, por las acusaciones de haber recibido unos trajes y en Brasil la presidenta Dilma Rousseff, está limpiando el ministerio de transporte, donde sus principales funcionarios han renunciado por alegatos de corrupción; entonces no veo cómo es que se quedaría en su puesto un funcionario judicial sobre el cual su jefe inmediato le ha dicho a la embajada de Estados Unidos, que recibió una “donación” US$40,000.00 de manos desconocidas, a “cambio de nada”; además de que sus hijos también estaban traficando con el poder de su padre, entre otras bellezas.

Luego de que la prensa ejerza sus funciones, los dominicanos sólo esperamos que nuestras paralíticas organizaciones sociales e instituciones oficiales jueguen algún papel. Los jueces, por ejemplo, tienen unos tres o cuatro gremios que aparentemente sólo sirven para hacer pasillo, a fin de que sus miembros directivos consigan ascensos dentro del aparato judicial y ahora se les presenta una oportunidad para que se casen con la gloria.

En estos momentos las organizaciones de abogados, de jueces, así como cualquier magistrado serio que no se encuentre organizado, debería estar exigiendo la renuncia de todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia implicados en escándalos de corrupción, mientras se realiza la debida investigación de los mismos, a fin de preservar lo poco de dignidad que le han dejado sus administradores a esta institución; si es que el Poder Judicial (representado en la Suprema Corte de Justicia) aún merece ser considerado como una institución en la República Dominicana.

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