NO MAS IMPUNIDAD: LOS ABOGADOS CON CEDULAS FALSAS DEBEN SER SANCIONADOS EJEMPLARMENTE

El Colegio Dominicano de Abogados (CARD) y la Junta Central Electoral (JCE) anuncian que han descubierto unos siete mil abogados utilizando cédulas de identidad y electorales falsas, mientras indican que la búsqueda de datos en los archivos del CARD y la JCE continúa, siempre que podrían aparecer muchos otros “abogados” en posesión del documento de identidad falseados. Los “profesionales” que se han agenciado estos documentos falsos no sólo violan la legislación penal, sino que por la calidad de auxiliares de la justicia que ostentan, contravienen las obligaciones éticas que se asumen al juramentarse como abogados y traicionan la confianza otorgada a ellos por el Estado dominicano, al dotarlos de un “exequátur” para ejercer la profesión jurídica.

Desde nuestro punto de vista la solución a este asunto es sencilla, lo único que tiene que hacer el Ministerio Público es someter a todos aquellos en posesión de una cédula de identidad falsa por ante los tribunales penales, por violación a los artículos 145 y siguientes del Código Penal y muy específicamente por violar el artículo 148 del referido texto legal, sin importar de quien se trate.

Concomitantemente, es deber del Procurador General de la República apoderar mediante instancia a la Suprema Corte de Justicia, en funciones de tribunal disciplinario (artículo 8 de la Ley 111 del 3 de noviembre del 1942, sobre Exequátur Profesionales), para imponer todas las sanciones disciplinarias que sean de lugar contra los infractores, por violación a las leyes penales, a la ley número 821 del 21 de noviembre de 1927, sobre Organización Judicial; al Código de Ética, que rige la conducta del abogado en la República Dominicana; a la Ley 91 del 2 de noviembre de 1983, que constituye el Colegio Dominicano de Abogados, y a la ley 111, precedentemente referida.

No comprendemos qué es lo que las autoridades judiciales del país están analizando en relación con este particular y nos avergüenza ver las declaraciones públicas emitidas en esta misma semana por el Dr. Domingo Porfirio Rojas Nina, del gran comisionado del consejo de los derechos humanos y ex presidente del Colegio Dominicano de Abogados, quien opinó que es necesario sanear el CARD “pero sin perjudicar a ninguno de estos juristas que están involucrados en este escándalo.” Agregando que “hay que resolver con ánimo pacifista y de diálogo, pero sin tener que usar métodos coercitivos, ni represivos.”

Al Dr. Porfirio Rojas Nina y a todos los que piensan como él tenemos para decirle que este pueblo está harto de ver como se promueve la impunidad individual y de clase, desde los que están llamados a imponer el orden y el respeto a la institucionalidad; que estos falsificadores no son juristas y que esto no es un escándalo, sino un acto delictivo debidamente tipificado en nuestra legislación penal, que tiene que ser debidamente enfrentado, de acuerdo con nuestras leyes y a través de las instituciones que están llamadas a ejercer su papel.

Los abogados honestos de nuestro país no merecen ver como cualquier delincuente se hace de un “exequátur,” practica la piratería judicial y les arrincona en el ejercicio profesional, al amparo de las autoridades quienes, teniendo facultad para actuar de oficio contra estos delincuentes, deciden mirar hacia otro lado y permitir el delito, las faltas éticas y las malas prácticas profesionales; mientras la clase profesional se encuentra tan desprestigiada y desacreditada, que los únicos que se consideran menos confiables que los abogados en nuestra comunidad son los políticos.

Estamos ante una oportunidad dorada para sanear no sólo el Colegio Dominicano de Abogados, sino la percepción de la profesión de abogado, limpiando los tribunales nacionales de la plaga que representan esos delincuentes con “exequátur,” que ahora fueron atrapados utilizando identificaciones falsas, pero que no se sabe detrás de eso cuantas ilegalidades se oculten. Dejémonos de estudios, análisis y pendejadas, apoderen a los tribunales y permitan que sea la justicia la que hable de una vez y por todas.

RECUPERAR EL PAIS ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

A la vista de los acontecimientos violentos que se suceden en escalada en el país; la complicidad y/o implicación de las autoridades políticas, militares, policiales y judiciales, con toda suerte de diablura de las que a diario ocurren en nuestro territorio y hasta en el extranjero, y sobre todo por la inconcebible impunidad con que opera todo aquel que decide emprender una empresa delictiva, ante la indefensión casi ovejuna de un pueblo que ha llegado a estar completamente de rodillas o confabulado con el desorden, tenemos sobradas razones para pensar que la República Dominicana pronto será una especie de territorio de piratas donde nadie podrá aspirar a vivir en paz.

Los medios de comunicación dan cuenta diaria de asesinatos en las vías públicas; lo mismo se trata de linchamientos perpetrados por turbas evidentemente frustradas ante la falta de respuesta de las autoridades, como de ajustes de cuenta producto del negocio del narcotráfico internacional o viles asesinatos de mujeres, perpetrados por animales machistas que han perdido todo valor humano. Esto ocurre con tal regularidad que ya los dominicanos no muestran sorpresa, ni dolor ante estos alarmantes hechos sangrientos, aunque en cualquier parte del mundo civilizado que ven lo que sucede hasta los indiferentes se escandalizan.

Los políticos, militares, policías y representantes de la justicia (salvo muy dignas y contadas excepciones) han hecho un vínculo inseparable con el delito; a cambio de bienes y poder, nuestros representantes han decidido, literalmente, venderle el alma de la nación al diablo y ya ni siquiera muestran vergüenza cuando sus nombres aparecen vinculados a los más variados escándalos, a sabiendas de que en nuestro país nunca aparecerá nadie capaz de “lanzar la primera piedra” y la impunidad se encuentra garantizada para cualquiera con capacidad de pago.

El político ladrón cacarea el “sacrificio” al que se someten él y su familia para “servir” al pueblo, sin que podamos explicarnos cómo es que estos energúmenos pueden mirar a los ojos a todos aquellos a quienes han sumido en la más extrema de las miserias moral y económica, sin sentir el más mínimo remordimiento.

Los miembros del poder judicial ignoran la importancia del rol que la sociedad ha puesto en sus manos; desconocen que en su ejercicio está asegurado el importante equilibrio social, e indignos, se tornan en delincuentes, mientras muestran a esta sociedad sus rostros de pontífices con los que no logran convencer a nadie. Compran y venden sus decisiones como si fueran mercaderes, desconociendo que juegan en la tierra el papel más cercano que un humano pudiera tener con dios, ya que tienen la responsabilidad de juzgar a sus semejantes.

Ante esta situación nos queda todo un pueblo que se ha corrompido poco a poco y que hoy apuesta mayoritariamente por soluciones individuales, ignorando todas y cada una de las razones por las cuales el hombre eligió formar comunidades y favorecer el interés común, sacrificando una parte de su libertad en beneficio de los inconmensurables beneficios que nos brinda la vida en sociedad, los cuales se inician con la consecución de un ambiente seguro para la crianza de nuestros hijos y la consecuente preservación de la vida.

Si los dominicanos queremos evitar que esto siga siendo una tierra de piratas, donde no sea posible establecer familias y cada cabeza tenga un precio, vamos a tener que dejar de perseguir beneficios individuales, exigir un liderazgo comprometido con esos intereses perdidos y tomar acciones concretas contra todo aquel que atente contra nuestra merecida paz social. Hay situaciones donde ni siquiera la acumulación de capitales nos sirve como seguro, siempre que lo más valioso que tenemos es la propia existencia y la de todos aquellos a quienes realmente queremos y que no queremos ver morir en la calle víctimas de una turba, una bala extraviada o de un delincuente en busca de un celular.