Casi siempre empleamos tiempo en denunciar lo mal hecho y es que en nuestro país es tanto el problema, que las soluciones a menudo pasan desapercibidas. En esta oportunidad me voy a permitir felicitar a una persona a quien no conozco personalmente, pero que ha demostrado que sí se tiene la fuerza moral y el deseo de hacer un buen trabajo se puede, no importa desde donde se sirva; esta persona a través de sus acciones nos demuestra cada día que es posible ser un servidor público honorable.
Me refiero a la Directora de Pro Consumidor, la señora Altagracia Paulino, quien parece ser la única funcionaria del Estado que tiene conciencia de sus funciones. Ya en el pasado la señora Paulino enfrentó a los poderes ilimitados de los bancos, incluso contra las maquinaciones del mismo Superintendente de Bancos, quien se supone ser la persona que defienda a la sociedad dominicana, mediante la regulación de las operaciones de las entidades financieras y que por el contrario a menudo se apandilla con los poderosos empresarios financieros del país, contra los intereses de la sociedad.
En esta oportunidad en que la Ministra de Educación flaquea con las medidas que debe tomar contra los colegios privados del país, por las alzas ilegal de las matriculas anunciadas a la opinión pública, es la señora Altagracia Paulino quien expresa con responsabilidad que en base a la ley, va a proceder a cerrar las puertas a cualquier colegio que aumente su tarifa ilegalmente y especialmente a los que secuestren la documentación de los estudiantes por la falta de pago; declarando tales acciones como violatorias de las leyes vigentes.
Felicitamos a la señora Altagracia Paulino y le exhortamos a que continúe ejerciendo sus funciones con dignidad, incluso dentro de una institución a la cual ya no le queda más desvergüenza en la cual incurrir. La Ministra de Educación, Josefina Pimentel, debe aprender de la lección que le está dando la Directora de Pro Consumidor y tomar las acciones que la sociedad reclama ante este abuso y la sociedad dominicana tiene la obligación de cerrar filas con esta funcionaria digna, que no transige en la persona de que se trate cuando se trata de hacer respetar los derechos de la ciudadanía.